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Hombres, como Ramón Herrera, denuncian su complicada situación. Por Luis Fernández
Noticias Locales "El Puerto" / 31.05.2008
Custodia compartida Los padres luchan diariamente por la custodia compartida de los hijos ante una legislación que no les protege.
En casos de separación y divorcio la ley otorga, por norma, la custodia de los menores a la madre.
De todos son conocidas las consecuencias negativas que para los hijos tienen los procesos de separación y divorcio en un país como España, en el que, por norma, la guardia y custodia exclusiva de los menores recae en las madres. Una generalización que, evidentemente, perjudica a los niños, sobre todo, teniendo en cuenta que cada familia es un mundo y, por tanto, la legislación no debería aplicarse cual plantilla estándar en todos los casos. Pero la apabullante lentitud de la justicia no permite personalizar la ley y de ahí surge el estereotipo del hombre como individuo sin interés alguno por el bienestar de sus hijos, dejando todo el peso de la crianza sobre las madres por ese derecho, al parecer, natural e intransferible que se le presupone a la persona que engendra. Aunque la realidad es bien distinta, porque buena parte de los hombres se salen de ese típico tópico antes definido manteniendo una lucha diaria por la custodia compartida de los hijos, al tiempo que se enfrentan a un desamparo legal y, además, a su propia desesperación.
La madre no cumple
Más de tres años lleva Ramón Herrera García al frente de su particular odisea desde que decidió poner fin a su anterior relación, la misma que le dio una hija de, ahora, 13 años y a la que no ve desde el pasado mes de enero. Y es que, según cuenta no se está cumpliendo el régimen de estancia y comunicación con el menor (mal llamado régimen de visitas). Por eso en octubre del pasado año acudió a la justicia con el fin de que la ley obligase a su ex pareja a efectuar el acuerdo. Tras conseguir una ejecución forzosa por el periodo de tres meses, Herrera asegura no haber faltado a ninguna de las citas programadas por el juez (martes y jueves y fines de semana alternos) en un virtual punto de encuentro fijado en el Centro Comercial El Paseo, ante la ausencia de una infraestructura propia en el municipio portuense.
De hecho, Ramón dispuso de una autorización del jefe de su empresa para poder salir una hora antes del trabajo y llegar a tiempo a la hora establecida. Los tres meses, y los siguientes hasta la fecha, trascurrieron mientras que Herrera comprobaba como, tampoco, se cumplía la orden del juez a rajatabla. Denuncia tras denuncia, pocas pruebas le sirven a este padre para demostrar que asistió, y asiste, a cada encuentro con puntualidad británica, teniendo en contra la palabra de la madre que asevera que son ella y su hija las que sí están en todas las ocasiones pero Ramón no. No obstante, ocurrió todo lo contrario el pasado martes 27 de mayo cuando Ramón acudió a las siete de la tarde al sitio designado y pudo comprobar, ante la presencia de un testigo y de este medio de comunicación, como, una vez más, su hija no aparecía.
Casi dos horas de repetitiva espera que aumentan la desesperación y el desamparo de un padre que sigue luchando, simplemente, por poder disfrutar de su hija. Ni una llamada recibió Ramón para escuchar una de las tantas excusas que la madre que no cumple la ley ya le ha puesto en varias ocasiones.
"APIF" El lema principal de esta asociación es "el mejor padre son los dos padres"
SAP, un mal que afecta a los menores que sufren una separación conflictiva
Los afectados reclaman más medios para el juez, un equipo psicosocial y puntos de encuentro para el municipio.
Casos como el de Ramón Herrera García hay muchos en todo el territorio nacional, pero concretamente en El Puerto de Santa María, tal y como denuncia este padre, miembro de la Asociación para la Protección Integral de la Familia (APIF), existe "un maltrato institucional por parte de la Junta de Andalucía que deja sin medios al juez, sin un equipo psicosicial, sin puntos de encuentro y con saturación de expedientes".
En este sentido, para Herrera resulta "demencial que en tres años la Consejería de Justicia y Administración no haya sido capaz de poner a disposición de las familias en conflicto un equipo técnico psicosocial".
Y es que la justicia es lenta en el municipio portuense, como en el resto del país, y en los, aproximadamente, dos años que supone una apelación los menores llegan a sufrir el llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP), como, según apunta, es el caso de la niña de Ramón, porque "los hijos no esperan".
No obstante, Ramón García continúa "confiando en la acción de la justicia para que proteja a mi hija de las secuelas que le está produciendo todo este proceso".
SAP
El Síndrome de Alienación Parental supone el desprecio del hijo hacia uno de los progenitores, generalmente el padre, concluyendo en un maltrato psicológico
Los niños con padres con separación traumática, debido a la lucha por la custodia compartida, suelen aprehender el Síndrome de Alienación Parental. Un mal gradual por el que, al estar privados del cariño de uno de sus progenitores (generalmente el padre), comienzan a proyectar un desprecio desmedido por los mismos, inculcado, normalmente, por la madre.
Entra en juego aquí un posible maltrato psicológico para con los hijos que termina por desestabilizar la vida del menor. Además, ese mismo y supuesto maltrato acaba por perjudicar a la parte afectada como consecuencia del SAP que padece el menor y, en este y en la mayoría de los casos, el padre se siente, también, maltratado psicológicamente. Una situación que se agrava cuando, como en el caso de Ramón, se solicita ayuda a las administraciones públicas y se le es rechazada por argumentos discriminatorios.
En definitiva, estas situaciones otorgan un total descrédito a la justicia que no fomenta esa igualdad por la que tanto se lucha en estos tiempos y que no es capaz de permitir el derecho de un padre a serlo.
